La presidenta brasileña Dilma Rousseff planea sustituir a la presidenta de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil y pilar estratégico de la economía del país, como consecuencia de escándalos de corrupción.
Rousseff, amiga personal de la presidenta de Petrobras, María das
Graças Silva Foster, se reunió con la funcionaria para abordar su
sustitución ante la insostenibilidad de que siga en el cargo tras las
últimas revelaciones, según la prensa brasileña, que cita fuentes
gubernamentales.
Los principales diarios del país aseguran que su salida, a la que
Rousseff se opuso en los meses anteriores, está motivada por las
presiones de algunos sectores internos del Gobierno y del ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, mentor político de Rousseff y hombre de gran
influencia.
Los medios brasileños aseguran que la salida de Graças Silva como
presidenta de la mayor empresa brasileña, que emplea a más de 80 mil
personas y gestiona buena parte de los inmensos recursos generados por
la extracción de hidrocarburos en el país, está decidida, pero se
desconoce cuándo será anunciada, pues aún no hay sustituto.
Como consecuencia de los rumores del cambio de presidente, la acción
de Petrobras –que la semana pasada cayó en torno al 13 por ciento en dos
jornadas- se recuperaba este martes y prácticamente lograba todo lo
perdido a pocos minutos para el cierre de la Bolsa de Sao Paulo.
Analistas y expertos consideraban insostenible que Graças se
mantuviera en el puesto después de que la semana pasada Petrobras
publicara su balance parcial del tercer trimestre, en el que señaló que
contratos por valor de 34 mil millones de dólares podrían estar
afectados por sobrefacturación, con el objetivo de desviar dinero desde
la corporación.
La Operación “Lava Jato” (“Operación Limpieza”) es considerada por el
fiscal general de Brasil como el mayor caso de desvío de dinero de la
historia del país, y cientos o incluso miles de millones de dólares
habrían salido ilícitamente desde la estatal Petrobras para
funcionarios, políticos y formaciones como el propio Partido de los
Trabajadores (PT) de Rousseff.
Ese desvío se llevaría a cabo por medio de sobrefacturación de
contratos y del pago de comisiones que llegarían al 3.0 por ciento de
los contratos firmados por la petrolera con suministradores de bienes y
servicios.
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